Demanda contra el Estado de Guatemala por suspensión de operaciones de mina causa desgate y complica promoción de la inversión

680

Redacción

Ciudad de Guatemala, 26 feb (AGN).- La demanda planteada contra el Estado de Guatemala por la suspensión de operaciones de la mina Progreso VII le causará un desgaste y le complicará la promoción del país como un atractivo para las inversiones, declaró hoy una fuente oficial.

“A los inversionistas que están en el país les genera incertidumbre” el caso conocido como “La Puya”, dijo el ministro de Economía, Acisclo Valladares, luego de asistir a una citación de la Comisión de Energía y Minas para explicar el impacto que tiene la suspensión de las operaciones de la empresa minera desde 2016.

Los inversionistas miran tres cosas: la estabilidad política, seguridad jurídica y reglas claras, y el arbitraje al que será sometido Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) les causa “mucho ruido” y “nos complica mucho promover la inversión”, explicó.

A Guatemala le causará un desgaste porque el arbitraje podría llevar entre uno y dos años, subrayó.

En diciembre pasado, el CIADI admitió la demanda de Daniel W. Kappes y Kappes Cassidy & Asociates por la suspensión de las operaciones de la minera Progreso VII, ubicada entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, y reclaman 300 millones de dólares.

Valladares comentó que Guatemala buscará un arreglo en el caso que será sujeto al arbitraje, porque son las cortes de justicia las que suspendieron la licencia.

La Corte de Constitucionalidad (CC), dijo, aún no ha resuelto la apelación que presentó el Ministerio de Energía y Mimas (MEM) en junio de 2016, pese al tiempo transcurrido.

“El inversionista lo que está alegando es que ya tenía la licencia pero una corte nacional se la suspendió” y “obviamente es un tema bastante trascendental y serio porque es un monto exorbitante el reclamado”.

Foto archivo

El ministro enfatizó que estos casos le generan muchas dudas al potencial inversionista para comprometer su capital.

“Siempre que promovemos al país para la inversión y generar empleo y prosperidad, estos casos nos la ponen cuesta arriba y uno tiene que dar explicaciones”, expuso el funcionario sobre la demanda.

También manifestó que el caso es una oportunidad para que en Guatemala se realicen discusiones serias sobre la minería, entre ellas evaluar si las regalías son suficientes o cambiar la ley y analizar el impacto en las comunidades.

“La minería es un tema que tenemos que discutir como sociedad” y analizar si una minería responsable “nos apoyaría a generar empleo y reducir la desnutrición crónica porque en otros países lo han hecho en consonancia con las comunidades”.

A la citación también acudió el ministro de Energía y Minas, Luis Chang, quien explicó a los diputados que en Guatemala no existen un procedimiento definido para realizar consultas a las comunidades sobre la instalación de proyectos.

Los diputados, entre ellos Luis Hernández Azmitia, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Legislativo, comentó que están dispuestos a apoyar a las autoridades porque la suspensión de las operaciones de la mina ahuyenta las inversiones.

La CC suspendió las operaciones de la mina al amparar al  Centro de Acción Legal, Ambiente y Social (Calas), una organización ambientalista que argumentó que antes de otorgar la licencia no se hizo una consulta a las comunidades.  AGN

ra/dm

Compartir