Acciones contundentes contra las maras y la corrupción marcan primera semana del presidente Alejandro Giammattei

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Rodrigo Pérez

Ciudad de Guatemala, 22 ene (AGN).- Acciones contundentes contra las maras y la corrupción, dos de los problemas más sentidos en el país por la violencia y pobreza que generan, marcan la primera semana de trabajo del presidente Alejandro Giammattei.

Tras la primera reunión del Gabinete de Gobierno y a solo tres días de haber asumido el poder, el mandatario guatemalteco decretó estado de prevención durante seis días en los municipios de San Juan Sacatepéquez y Mixco, ambos del departamento de Guatemala, para combatir a las maras.

Dicho estado, cuyo plazo vence este miércoles, tiene como fin combatir la delincuencia, el sicariato, la extorsión y otros delitos cometidos por maras. Para ese fin, se envió a más de 2.000 integrantes de las fuerzas de seguridad (Ejército y Policía Nacional Civil) a los dos municipios para llevar a cabo, en el marco del respeto a los derechos humanos, allanamientos, puestos de registro vehicular y de peatones.

Los resultados del amplio operativo de seguridad se conocerán próximamente, sin embargo, la medida ha sido aplaudida por el sector privado y la población, debido a la inseguridad y violencia que generan dichos grupos criminales organizados.

Leyes para combatir el crimen

En este contexto, el mandatario Giammattei se reunió en la Casa Presidencial con los jefes de bloque del Congreso de la República, con quienes se acordó la creación de una mesa técnica conjunta para el impulso de siete iniciativas de ley que son de interés del Ejecutivo.

Una de ellas busca reformas al Código Penal para declarar como terroristas a los mareros y propone penas de cárcel que van de 12 a 25 años con los derechos mínimos que establecen los tratados internacionales que Guatemala ha firmado.

También se presentó una propuesta de las causas de justificación penal para el uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, así como la ley que dispone la disolución de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

Trabajo conjunto PNC y MP

Las primeras decisiones del Jefe de Estado también se encaminaron a unificar y fortalecer el trabajo de investigación criminal y penal que realizan la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), respectivamente.

“Hemos tomado la decisión a solicitud del MP de incorporar, bajo su tutela, a los investigadores de la PNC para que tengamos una sola investigación” y eso “nos va a traer mejores resultados y vamos a poder ser más efectivos en el procesamiento, llevando a los jueces casos más consistentes”, dijo Giammattei al anunciar la medida.

El mandatario también reinstaló a altos mandos de la PNC que, a pesar de haber hecho un buen trabajo, fueron dados de baja por la anterior administración.

Ellos son Ervin Mayén Véliz, quien fue nombrado director general; Yotzaida García y Nery Benito, quienes en el anterior gobierno se desempeñaron como subdirectora general de Análisis de Información Antinarcótica y subdirector general de Investigación, respectivamente.

Además, el nuevo gobierno agilizó el pago pendiente de la segunda parte del aguinaldo a los agentes de la PNC.

Cero tolerancia a la corrupción

Este miércoles entró en vigencia el Acuerdo Gubernativo 28-2020, que da vida a la Comisión Presidencial contra la Corrupción, cuya misión consistirá en investigar y denunciar este tipo de delitos en el Ejecutivo.

La ofensiva contra la corrupción, un mal enraizado en la administración pública, es una promesa de campaña que el gobernante guatemalteco empieza a cumplir en los primeros días al frente del Gobierno.

En los próximos días será designado el director ejecutivo de la entidad que forma parte de los convenios interinstitucionales de lucha contra la corrupción entre el Organismo Ejecutivo, el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Administración Tributaria.

Entre las atribuciones de la comisión está promover la adopción de una política pública contra la corrupción e impulsar y monitorear su implementación; coordinar el establecimiento de las estrategias, acciones o propuestas pertinentes, a efecto de que las dependencias del Organismo Ejecutivo incluyan actividades para la prevención y lucha contra la corrupción en su planificación anual.

Además, recomendar los cambios a procedimientos, leyes y reglamentos para lograr corregir las causas que dan origen a la corrupción.

Otra de las atribuciones es coordinar con los entes competentes los proyectos, programas y acciones de asistencia técnica y financiera que los organismos internacionales o agencias de cooperación ejecutan en Guatemala en la materia.

Dicha instancia, encabezada por el presidente Giammattei, está formada por el director ejecutivo de la comisión (por nombrarse), los ministros de Gobernación y de Finanzas, el Procurador General de la Nación, el secretario general de la Presidencia, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia y el director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno.

En ese contexto, el mandatario Giammattei anunció las primeras acciones para identificar a los empleados públicos y evitar plazas fantasmas dentro del Estado. De acuerdo con el gobernante, el Censo Nacional de Recurso Humano, apoyado por el Banco Mundial, concluyó, entre otras cosas, que había unas 37.000 personas en puestos públicos que no pudieron ser identificadas durante el proceso censal.

“A partir de este mes vamos a identificar a los empleados para que cada quien tenga que venir físicamente a recibir un cheque. Servirá para saber si alguien existe y dejar por escrito qué hace, en qué departamento trabaja y quién es su jefe”, dijo el presidente Giammattei al anunciar las primeras medidas para identificar a los trabajadores públicos.

Otras acciones

Durante la primera semana de trabajo, el nuevo gobierno también definió un protocolo de atención para las caravanas de migrantes hondureños que se movilizan por el país rumbo a Estados Unidos (EE. UU.).

Este incluye apoyo en salud, kits de medicamentos, agua y alimentos. Además, se ha apoyado a los migrantes hondureños y salvadoreños, a los que México les ha negado el paso, con buses para retornar a sus países.

También se impulsó el Plan Educa con el objetivo de garantizar que no existan cobros irregulares de parte de centros educativos privados a padres de familia y asegurar que los derechos de los usuarios estén siendo respetados.

En el encuentro con los jefes de bloque del Legislativo, el gobierno también les presentó y pidió el apoyo para aprobar cuatro iniciativas de ley, que son: una de arrendamiento con opción de compra, otra de competencia, la de zonas francas y la de telecomunicaciones.

“Hicimos una exposición de por qué son importantes y ya estarán en manos del Legislativo esta semana que les lleguen para conocerlas y, de ser posible, aprobarlas en el menor tiempo y que nos den así las herramientas para poder luchar contra el crimen, especialmente, y poder generar oportunidades de empleo para el país”, señaló el gobernante Giammattei al final de dicho encuentro, que se llevó a cabo el 19 de enero.

AGN. rp/mm/dm

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